Patricia Armendariz //milenio.com
La exposición de motivos enviada por el Presidente a la Cámara de Diputados para la reforma eléctrica es muy explícita en cuanto a los problemas actuales del funcionamiento del mercado eléctrico y sus consecuencias adversas en las finanzas públicas: falta de competitividad, inequidad en precios y falta de confiabilidad y seguridad en la red. Sin embargo, la manera en que la reforma plantea resolver dichos problemas ha generado varias preocupaciones, principalmente alrededor de los conceptos de expropiación, monopolio estatal y cancelación de contratos. Alrededor de estos conceptos existe la preocupación de que la reforma eléctrica viole los tratados internacionales, en particular el T-MEC. Para atender estas preocupaciones he analizado diversos capitulados del acuerdo para concluir que no existe tal violación. En el capítulo 14, que trata el tema de inversión, no encuentro que éste implique actos de expropiación de acuerdo con los casos que el tratado define como expropiatorios, ni directos ni indirectos. En el capítulo 21 de competencia se establece claramente que se podrán hacer exenciones siempre y cuando estén basadas en el bien público o motivos de política pública. En el capítulo 22, el T-MEC considera a las empresas propiedad del Estado y sus monopolios permitidos, y regula su actuación para efectos del tratado, y tampoco veo que la reforma propuesta contravenga dicha regulación. Los contratos que se tendrán que cancelar lo harán no por temas expropiatorios ni en violación del Estado de derecho, sino porque en el nuevo funcionamiento del mercado algunos contratos no tienen cabida y por lo mismo se tendrían que replantear. Y otros, como los de venta de energía eléctrica en sociedades de autoabasto que no lo son, pues son justamente irregulares y tendrían que cancelarse. Todas estas naturales confusiones nos llevan a ratificar que urge un diálogo entre el Legislativo e inversionistas, analistas, partes y tratados supuestamente afectados que haga exhaustivas las aclaraciones de dudas, para que quede claro que no hay motivos para preocuparse de parte de nadie que esté actuando legalmente en el mercado eléctrico mexicano.
